Programa de Acción del Partido Fuerza por México Puebla

Con el objeto de lograr un impacto positivo en la sociedad y en la política de nuestro Estado, Fuerza por México Puebla ha desarrollado un programa de acción en el que se implementan una serie de actividades relacionadas con los principios que rigen al partido político en el Estado, mediante el fortalecimiento de una cultura de participación ciudadana, equidad, justicia social y conciencia en los valores de la democracia, el progreso y la libertad.

En Fuerza por México Puebla proponemos las siguientes acciones frente a los retos que enfrenta en distintos ámbitos nuestro Estado:

El Programa de Acción Política da continuidad a las propuestas delineadas en los documentos del partido Fuerza por México Puebla (por sus siglas FXMP).

El Programa de Acción Política conserva plena congruencia con los principios que dieron origen a FXMP y que le han permitido representar los intereses de los poblanos. Enuncia los desafíos que se le presentan a nuestro estado, en el largo plazo, así como la visión que el Partido Fuerza por México Puebla tiene para enfrentarlos desde la perspectiva del Desarrollo Humano Sustentable.

El Programa no enumera acciones concretas de carácter coyuntural. Representa una visión de Estado a través de la cual se establecen líneas de acción que habrán de plasmarse en todas nuestras diversas plataformas.

El Programa de Acción Política representa la culminación de un espacio de reflexión. Su contenido refleja la visión, los valores y la experiencia de nuestros militantes y dirigentes en sus diferentes experiencias.

A través de este Programa, preparamos la participación activa de nuestros militantes y simpatizantes en la vida política en todo el estado. Con él, contribuimos a la formación política, ideológica y doctrinal de nuestros miembros, e infundimos en ellos el valor de las ideas y del respeto al adversario. Con este Programa Político, los ciudadanos podrán interpretar la realidad del Estado democrático y plural, que cuenta con retos diversos en el contexto local y municipal, así como la perspectiva que ofrece FXMP para enfrentarlos.

Fuerza por México Puebla llama a la responsabilidad ciudadana para edificar un Desarrollo Humano sustentable capaz de fortalecer a nuestras localidades y municipios, de otorgar a todas las personas oportunidades para una vida mejor, de respetar el medio ambiente y de asegurar a las generaciones futuras condiciones suficientes para su bienestar.

Con este Programa de Acción Política reafirmamos la convicción de velar por la preeminencia del interés general y ratificamos nuestra voluntad de hacer y de servir. Seguimos creyendo en la política y en su primado. Estamos convencidos que la política debe ser actividad humana encaminada a la consecución de una visión ciudadanizada de la vida pública.

Pensamos en un mejor Puebla

FXMP piensa en el Estado. Su reto más importante consiste en crear las bases para un desarrollo económico, social y sustentable que revierta las condiciones de pobreza en las que viven muchos poblanos, de manera que accedan a las oportunidades que les permitan vivir libremente y con dignidad.

Algunas zonas de nuestro estado cuentan con recursos económicos y sociales que las hacen más productivas que otras.

La educación es, junto con la erradicación de la pobreza, otro de los retos importantes para la Puebla contemporánea. La educación de calidad genera condiciones favorables para una vida mejor. Aunque se invierte en educación un porcentaje alto del gasto público total, y se ha llegado a niveles record de presupuesto educativo.

El estado debe otorgar servicios de salud a través del Estado, que permitan tener un nivel de vida óptimo. El avance en educación y en empleo será eficaz si la ciudad cuenta con condiciones eficientes de salud. Es vital acceder a los servicios de salud y que el estado garantice la cobertura de los mismos.

El gasto en capital físico por parte del sector público es crucial para detonar el desarrollo económico del Estado. La inversión pública incrementa la productividad de la inversión privada y la complementa, lo que permite una mayor generación de empleos e incrementos en los salarios reales. Pero es evidente que los niveles de consumo descienden estrepitosamente. Esta caída debe revertirse.

La inversión pública permite la productividad de la inversión privada y la mejora, esto contribuye generar más empleos mejor remunerados.

Otro elemento de importancia para el progreso es el respeto al Estado de Derecho y un adecuado marco institucional. La independencia e imparcialidad del sistema de justicia, la protección de los derechos de propiedad y la integridad del sistema legal, las políticas anticorrupción y la transparencia son indispensables para el desarrollo. El Estado debe esforzarse para eliminar la impunidad y administrar eficazmente la justicia. Además, es claro que, a pesar de las iniciativas y leyes aprobadas para impulsar la honestidad y la transparencia, es necesario seguir insistiendo en una cultura ética que fundamente las decisiones, procedimientos y trámites públicos, y con ello contribuir con la competitividad y crecimiento de los sectores productivos.

En el estado la conservación ambiental del entorno es fundamental, debemos concientizarnos//crear conciencia ya que a medida que la sociedad ha ido avanzando el aprovechamiento de los recursos ha aumentado desmedidamente.

FXMP es un partido político progresista que postula principios incluyentes y de vanguardia y cercano a la gente. Ello implica que promueve la participación libre y responsable de la ciudadanía para acceder democráticamente al poder, postula que la justicia y la equidad son los necesarios atemperantes de las desigualdades y cree en una economía de mercado en el marco de la responsabilidad social.

Fuerza por México Puebla asume un nuevo compromiso. Aspiramos un Estado donde hombres y mujeres vivan con dignidad. Aspiramos al fortalecimiento de nuestros municipios y a la edificación de un Puebla consistente. Gobierno y sociedad deben asumir sus responsabilidades sociales en la generación de un Desarrollo incluyente y solidario acorde con las necesidades del Estado y su población. Este es el compromiso de FXMP.

Entendemos al Desarrollo incluyente y solidario como el proceso de aumento de las capacidades y de la libertad de todas las personas para vivir dignamente sin comprometer el potencial de las generaciones futuras. Es la vía para que todos los seres humanos, progresen a condiciones de vida más humanas.

Para el Desarrollo incluyente y solidario las necesidades de la población actual deben atenderse sin comprometer los intereses de las generaciones futuras. La superación de la pobreza de la generación presente es una prioridad.

El Desarrollo incluyente y solidario implica el fortalecimiento de la comunidad familiar como eje de una política integral a favor de las personas. El respeto a los derechos humanos y la no discriminación son esenciales para un Desarrollo incluyente, por lo que el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres debe ser efectivo y compatible con la vida personal, familiar y laboral.

El Desarrollo incluyente y solidario debe ser sustentable. La protección del medio ambiente es éticamente obligatoria, pues las generaciones del futuro tienen el mismo derecho que las generaciones pasadas y presentes de disfrutar de una vida digna y de acceder a mejores oportunidades de vida. El uso de nuevas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental y fomenten el crecimiento económico debe ser promovido.

Para el Desarrollo incluyente y solidario, el Estado de Derecho es primordial. Sin respeto a la ley no podrá existir un armónico desarrollo social y económico. La democracia como sistema de vida y forma de gobierno, debe contribuir a la formación de ciudadanos responsables y participativos y al fortalecimiento de Puebla. Sin democracia no hay un auténtico Estado, y sin Estado no podrá existir un desarrollo que asegure a las personas el aumento de sus capacidades y el cumplimiento de sus deberes.

En el Desarrollo incluyente y solidario, la ética en la vida social y el respeto a los principios de convivencia social deben inspirar todas las medidas y decisiones de gobierno, de particulares y de la sociedad en general. El Desarrollo incluyente y solidario tiene una perspectiva integradora de las distintas acciones de política pública que propone Fuerza por México Puebla. Abarca las dimensiones sociales, política, económica y ambiental que, en su conjunto, contribuyen a la generación de un mayor desarrollo social y a las que les corresponden transformaciones que el Estado demanda para un presente y futuro promisorios.

Fuerza por México Puebla es un partido político consiente del rezago histórico en materia de igualdad de género, por lo que se encuentra comprometido con las mujeres que son parte del Estado, por lo que buscará en todo momento eliminar cualquier tipo de acción u omisión que atente contra el liderazgo de las mujeres en materia política.

De esta forma, al momento de contar con espacios dentro de los cargos de elección popular, fomentará la implementación de políticas públicas que busquen subsanar el mencionado rezago y motivar la eliminación de todos aquellos obstáculos que induzcan acciones que permitan la participación de forma igualitaria de las mujeres.

El desarrollo incluyente y solidario supone el aumento de las capacidades de las personas, exige la superación de la pobreza y el acceso a niveles de alimentación, de salud y de educación para una vida digna. El reto de la política social debe ser la eliminación de la transmisión intergeneracional de la pobreza y las restricciones a las oportunidades que enfrentan las personas. Impulsamos la participación responsable de las comunidades en el diseño de las políticas sociales y promovemos su permanencia por encima de relevos administrativos.

Transformación Política

En nuestro Estado, hemos construido un buen sistema democrático, debemos consolidarlo. Esta tarea conlleva el fortalecimiento del Estado, sus instituciones y del Estado de Derecho como pilares del desarrollo económico y social. La construcción de principios de convivencia social deriva del respeto a la legalidad, de una justicia eficaz y del pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales. El Estado demanda promover una cultura de la responsabilidad entre los actores políticos, generar incentivos para que los partidos logren los acuerdos que requiere el desarrollo de nuestro estado y para continuar con la aprobación de leyes de transparencia y rendición de cuentas.

Transformación Económica

Para alentar la transformación social es imprescindible el crecimiento económico de todos los municipios que integran a nuestro estado, la promoción de la competitividad y una distribución equitativa del ingreso. La generación de empleo, una sana política fiscal y monetaria, el fortalecimiento de la haciendas pública, la democratización de la economía y la construcción de infraestructura para el desarrollo incluyendo la suficiente generación de energía, son el eje de la transformación económica que el Estado demanda.

Transformación de la Cultura Ambiental

Para que el desarrollo incluyente sea sustentable debe ser compatible con el respeto al medio ambiente. La preservación de los recursos naturales debe atender al crecimiento económico sin perjudicar el desarrollo de las generaciones futuras. Debemos promover una perspectiva ambiental para que en toda política se incluya el elemento ecológico que asegure su sustento en el largo plazo. El uso responsable de los recursos, el fomento a las energías renovables y la adopción de una cultura del reciclaje son medidas que el Estado demanda consolidar para asegurar su viabilidad, la de sus comunidades y la de las personas.

Oportunidades para las Personas

Creemos en el desarrollo de las personas

FXMP sustenta su acción política en el respeto a la dignidad de la persona la defensa y promoción de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad responsable; estos valores ocupan un lugar preponderante. El derecho a la igualdad, a la propiedad y a la seguridad jurídica deben destacar en un sistema democrático. Toda autoridad legítima se debe fundamentar en ellos. Su violación quebranta el Estado de Derecho y restringe la libertad.

La salud, la educación y el empleo son derechos sociales de toda persona, que Estado y sociedad deben impulsar para el mejoramiento de la calidad de vida. Nuestra política también implica el compromiso de preservar a las futuras generaciones las condiciones necesarias para su bienestar.

La discriminación por razón de sexo, edad, raza, religión, pensamiento, posición social, preferencia sexual, patrimonio genético o cualquier característica individual o colectiva debe ser rechazada. Una sociedad para todos implica también el diseño de políticas integrales y transversales dirigidas a mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Universalidad en la salud y calidad de vida

La salud es condición indispensable para el desarrollo humano y condición de la justicia social. Asumimos el compromiso de asegurar la cobertura universal de los servicios de salud para garantizar a las personas, especialmente de aquellos que viven en zonas marginadas y dispersas en el Estado, el acceso, la equidad, la calidad y la eficiencia de los servicios médicos.

La inversión en salud es factor determinante en la eliminación de la pobreza y potencia el incremento de capacidades humanas, mejora la productividad y competitividad, genera empleos, alienta la investigación científica y la innovación tecnológica y contribuye al crecimiento económico de nuestro Estado. Promovemos políticas que aseguren la cobertura de la infraestructura de sanidad y mejoren la calidad de los servicios médicos.

Las políticas de salud deben abatir las enfermedades ligadas al subdesarrollo y enfrentar los problemas asociados a la industrialización, a la urbanización y a la contaminación. El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, nos obligan a invertir en servicios especializados en padecimientos característicos de los adultos mayores. De igual forma, promovemos programas de salud reproductiva que respeten la dignidad humana y el bienestar de las mujeres.

Educar para el desarrollo

A partir de la premisa básica de la libertad de enseñanza, impulsamos una política educativa integral, de calidad y con valores, donde la permanente evaluación de programas y docentes sea una premisa. Como factor de cohesión social e instrumento para el aumento de las capacidades humanas el Estado debe promover, sin importar ingreso económico, capacidad o lugar de procedencia, el acceso y permanencia de las personas al sistema educativo estatal.

FXMP impulsa la revalorización de la labor de los docentes. Una política educativa integral debe pugnar por el constante perfeccionamiento de un equipo humano de docentes formados, capacitados y actualizados, y por el mejoramiento de sus ingresos económicos.

Una educación con equidad garantiza la igualdad de oportunidades para que hombres y mujeres ingresen y permanezcan en el sistema. Los gobiernos deben dar especial atención a la niñez de las comunidades indígenas y a la que habita en las zonas rurales de nuestro estado.

Vivimos en un Estado multicultural donde las lenguas son la manifestación más importante de esta diversidad. En el Estado se deben crear y promover programas de educación multicultural y multilingüe. A través de la educación debe preservarse el espacio para que las personas desarrollen su propia identidad cultural y fortalezcan la identidad nacional.

Promovemos la consolidación de la educación inicial, preescolar, básica y media superior obligatoria como fundamento para el desarrollo de la persona. Debemos afianzarla cobertura y aumentar la calidad educativa en estos niveles, forjando en los educandos un sentido crítico para fortalecer su libertad y su capacidad de seguir aprendiendo permanentemente.

Impulsamos la educación superior y tecnológica como esencial para la formación de profesionistas capacitados y socialmente responsables. Los programas deben flexibilizarse, diversificarse y adaptarse para sentar las bases para el aprendizaje durante toda la vida y para responder a los retos del país. La inversión en universidades y tecnológicos debe ser una prioridad. La autonomía universitaria debe ser respetada por el Estado.

Oportunidades de ocupación productiva y empleos bien remunerados

El bienestar de las personas se refleja en términos de la capacidad de un Estado para crear empleos bien remunerados, en donde además se cuente con un ambiente laboral propicio para el desarrollo personal y comunitario. FXMP sostiene que los salarios reales deben ser suficientes para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia.

FXMP promueve la adopción de una política laboral en todo el Estado, que coordine los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno, de los sectores productivos, de los empleadores y de los trabajadores para la promoción del empleo, de la ocupación remunerada en todas sus modalidades y de la competitividad como elemento necesario para enfrentar los retos de una creciente integración estatal.

La política laboral debe garantizar los derechos de los trabajadores y evitar cualquier tipo de discriminación. Pugnamos por una nueva cultura laboral como un medio para el desarrollo integral de las personas y sus familias, así como para la satisfacción de sus necesidades, en armonía con las exigencias para elevar la productividad y competitividad necesarias del Estado. La política laboral debe dinamizar los mercados de trabajo y las organizaciones sindicales.

No hay empleo sin empresas y no existen empresas sin emprendedores. El espíritu emprendedor, la innovación, la responsabilidad social de los empresarios y la adopción de riesgos constituyen ingredientes para promover el empleo. En la creatividad empresarial radica el mayor potencial para crear empleos. La estrecha vinculación entre los sectores público y privado y centros educativos es una necesidad en la tarea de promover estas capacidades.

La revolución tecnológica ha generado que la competitividad exija trabajadores mejor calificados. Pugnamos por una campaña permanente de capacitación para el trabajo y en el trabajo, que desarrolle habilidades y conocimientos prácticos y que permita a nuestros trabajadores el acceso a empleos mejor remunerados. La vinculación de los programas educativos con las necesidades del mercado, favorecen el empleo y la  capacitación laboral.

Igualdad de oportunidades para las mujeres.

Promovemos políticas con perspectiva de género que fomenten una cultura de la equidad, asegurando a las mujeres perspectivas de educación y de trabajo. La reforma laboral debe asegurarles igualdad de condiciones de contratación, de salarios, de promoción y de capacitación. Toda medida que otorgue a la mujer participación en los beneficios de la política social es una acción a favor de la familia y de la población en situación de pobreza.

Mujeres y hombres deben influir equitativamente en los procesos de toma de decisión. Los programas institucionales que incentivan la participación de las mujeres en el gobierno, al interior de los partidos políticos y en las asociaciones civiles, deben ser alentados.

Niñez con futuro

Protegemos los derechos de la niñez. Nuestro compromiso es con políticas que aseguren un comienzo en la vida con oportunidades iguales. Promovemos, especialmente entre aquellos que viven en zonas marginadas o en abandono, el acceso a la alimentación, la salud, y la educación. Toda forma de abuso infantil debe ser prevenida y, en su caso, sancionada. La erradicación del trabajo infantil debe ser motivo de una acción urgente. El trabajo a temprana edad por motivos económicos hace de la pobreza un fenómeno cíclico que condena a la persona a una vida en condiciones de miseria.

Jóvenes, desarrollo integral de sus capacidades

Impulsamos una política de juventud en donde la educación, el acceso a servicios de salud, la prevención de adicciones, del contagio de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos a temprana edad sean una prioridad. La plena ocupación, los incentivos fiscales para impulsar sus habilidades emprendedoras y la promoción de créditos para la creación de su patrimonio, en especial para vivienda, deben ser pilares de la política que FXMP impulsa para promover una juventud responsable, sana y solidaria.

Adultos mayores con oportunidades

El constante aumento de la calidad de vida nos plantea para el futuro el reto de garantizar el bienestar de todas las edades. Impulsamos políticas que durante la vida productiva del ser humano prevengan problemas en el tiempo, en especial a través de la protección social y de pensiones suficientes, para asegurar a nuestros adultos mayores un envejecimiento digno y activo. En particular, el Estado debe garantizar, con oportunidad y eficiencia, a los jubilados de hoy los fondos necesarios que por derecho les corresponden para vivir con dignidad. Promovemos una cultura de respeto por los mayores que, mediante la solidaridad intergeneracional y el fortalecimiento de las redes familiares, sociales e institucionales, prevenga y atienda sus problemas de salud, reconozca su experiencia y capacidad y les proporcione mayor autonomía y calidad de vida.

Respeto a las personas con discapacidad

El respeto a la dignidad humana implica acciones especiales para la creación de leyes, instituciones y políticas públicas que permitan a las personas con discapacidad de todas las edades acceder a oportunidades equitativas para su desenvolvimiento, ayudándoles a superar las barreras culturales, físicas y sociales que les impiden vivir con dignidad. Esta política debe centrarse en acciones que promuevan su ingreso al mercado laboral, a la educación y a los servicios de salud, así como de adaptación de la infraestructura urbana a sus necesidades. Puebla debe ser un Estado 100% incluyente.

Deporte para todos

Por los beneficios que reporta en la formación de las personas, el deporte debe fomentarse desde la niñez y  en las escuelas,  y convertirse en una cultura generalizada en todo el Estado. La suma de esfuerzos de gobiernos, iniciativa privada y asociaciones debe consolidar una política que detecte talentos e impulse deportistas de alto rendimiento, capacite entrenadores y que, para su práctica, desarrolle instalaciones y servicios de calidad accesibles para todos en la práctica de su deporte de preferencia.

El fortalecimiento de los municipios y las localidades exige la justicia y la responsabilidad social

FXMP asume un decidido impulso a los municipios y a las localidades. A partir de ellas, el Estado asienta su identidad y, en un entorno globalizado, solidifica su posición como parte de la Nación. La generación de oportunidades para las personas supone el fortalecimiento de los municipios. Los municipios, la familia, los pueblos indígenas y los inmigrantes son comunidades que deben ser objeto de políticas y leyes que los tutelen.

Las personas y las comunidades tienen derecho a vivir con seguridad, a desenvolverse en un medio ambiente sano, a acceder a la cultura y a beneficiarse de los avances de la ciencia y de las nuevas tecnologías.

La vida comunitaria demanda ciudadanos responsables con sus deberes cívicos y sociales y respetuosos de los derechos de los individuos. Alentamos y respetamos la participación ciudadana a través de la libre asociación de las personas. Impulsamos la vertebración de la sociedad civil y respetamos la autonomía de los sindicatos, de los organismos empresariales y, en general, de cualquier forma, legítima de organización social en todo Puebla.

La familia en todas sus formas es la primera comunidad natural de solidaridad donde las personas desarrollan afectos, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. A partir de ella se edifica toda estructura y como factor de desarrollo social y económico debe ser protegida.

Los derechos humanos, individuales, sociales o comunitarios encuentran expresión en la vida familiar, por lo que el reconocimiento a los derechos de la familia, en cualquiera de sus expresiones, debe ser objeto de una acción urgente del Estado. Proponemos el establecimiento de un estatuto jurídico de la familia para su protección, la defensa de sus derechos y la promoción del cumplimiento de sus deberes sociales.

Reconocemos que la conformación familiar es múltiple y variada, pues en ella se integran los padres, o el padre o la madre, e hijos y, en ocasiones, otras personas con lazos biológicos afectivos. Toda familia debe ser protegida, pues en ella confluyen y se relacionan hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores.

La violencia que se vive a su interior o que proviene de elementos externos debe ser combatida. Su erradicación conlleva políticas que fortalezcan el desarrollo armónico familiar a través de una cultura de respeto y de la no violencia y de la promoción de acciones a favor de familias en situaciones de vulnerabilidad. Toda violencia debe ser castigada.

La defensa de la soberanía de la familia implica la libertad responsable de sus miembros. Son necesarias políticas públicas que, a partir de estos principios, ofrezcan información completa para que sólo con el consentimiento del matrimonio o de la pareja se asuma una paternidad responsable.

El fortalecimiento de la comunidad familiar es derecho y obligación de todos sus integrantes. Las labores del hogar, la formación inicial y el cuidado de los hijos, así como el sustento económico de la familia, es misión conjunta de quienes la conforman, no trabajo individual ni etiquetado por patrones de conducta contrarias a la responsabilidad familiar.

Los pueblos indígenas son comunidades que se encuentran afectadas por la injusticia, la desigualdad y la exclusión. El Estado y las propias comunidades deben diseñar políticas integrales que mejoren sustancialmente sus condiciones de nutrición, salud y educación de sus integrantes. La capacitación para el empleo y el desarrollo de sus actividades económicas son condicionantes para su bienestar.

La coincidencia entre las zonas geográficas con enormes recursos y las regiones habitadas por las comunidades indígenas obliga al diseño de políticas que promuevan el respeto al medio ambiente y al mismo tiempo el bienestar de estas comunidades. La migración indígena, obliga la implementación de medidas interculturales que logren su acceso a los servicios y bienes públicos respetando las diferencias culturales existentes en nuestra Estado.

La seguridad pública es un imperativo para el fortalecimiento de los municipios. Fuerza por México Puebla se pronuncia por una revisión integral de todo el sistema de seguridad para garantizar a los ciudadanos la protección de su persona y su patrimonio. El combate a la inseguridad no debe limitarse al endurecimiento de penas o al mejoramiento del sistema penitenciario, sino que debe extenderse a la creación de políticas sociales que permiten satisfacer a la comunidad sus necesidades básicas.

Proponemos la participación activa de la sociedad en la denuncia y detección de los delitos. La política criminal disuasiva y de prevención es fundamental en un sistema de seguridad pública, fortalece la justicia cívica y disminuye los delitos a través de sanciones administrativas e incorpora una mayor actuación de los cuerpos de policías preventivos. En este sentido, la revitalización de los consejos ciudadanos de seguridad pública es esencial.

Pugnamos porque todos aquellos funcionarios que se desempeñan en el ámbito de la seguridad pública cuenten con la preparación ética, humana y técnica

adecuada, con equipos tecnológicamente aptos para combatir eficazmente a la delincuencia.

La delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones —-narcotráfico, secuestro, tráfico de personas y venta de órganos— incide negativamente en la comunidad, destruye a las instituciones y daña el Estado de Derecho. FXMP promueve un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, así como una asidua cooperación internacional que facilite el intercambio de información y que fortalezca nuestro sistema de seguridad.

El porvenir de las comunidades está inexorablemente vinculado con su entorno natural. La naturaleza es fuente original de los bienes que requieren las personas para vivir. Los recursos naturales son parte del inventario de la riqueza del Estado y patrimonio común de las personas. Su aprovechamiento debe ser sustentable y adecuado para asegurar su utilización eficiente y en beneficio de las personas. El equilibrio entre crecimiento económico y social, desarrollo tecnológico y medio ambiente debe ser responsabilidad compartida de personas, comunidades y gobierno.

Promovemos una política de Estado que frene el deterioro ambiental y la depredación de los recursos naturales. Impulsamos una nueva conciencia ciudadana responsable con su entorno natural, donde se reconozca que cada persona, presente y futura, tienen derecho a un ambiente sano en armonía con la naturaleza y la comunidad.

Debemos promover estrategias para un consumo responsable a través de políticas de reducción, reciclaje y reutilización que permitan minimizar el uso y el deterioro de los recursos naturales, incluyendo los energéticos.

El uso racional de los recursos implica también el justo pago por su consumo y, en ocasiones, la imposición de contribuciones ecológicas que otorguen al gobierno ingresos para su protección, por lo que la creación de instrumentos económicos y fiscales en los tres órdenes de gobierno es indispensable. Apoyamos el establecimiento de medidas legales para disuadir la irresponsabilidad social y castigar los delitos contra el medio ambiente.

Debemos fomentar el uso de energías alternas y renovables como la eólica, la hidráulica, la geotérmica y la biomasa que, a su vez, nos permitan mitigar los impactos ocasionados por el cambio climático. El desarrollo de infraestructura que contemple tecnología industrial para no afectar el medio ambiente; el incremento de áreas verdes y el cuidado de reservas ecológicas; el aprovechamiento moderado de los recursos energéticos; la instrumentación del sistema de cuencas hidrológicas y la vigilancia para el uso adecuado de los suelos, son políticas ambientales que en áreas urbanas y rurales del Estado son de impostergable aplicación.

En la diversidad descansa la riqueza cultural de nuestra Sociedad. La preservación de usos, costumbres y manifestaciones de los núcleos sociales fundamentales como son las localidades y Municipios, fortalecen nuestra identidad y cohesión como pueblo que convive en un mundo globalizado sin perder los rasgos propios. El Estado debe ser promotor y protector de las diversas expresiones culturales que constituyen México.

Nuestro compromiso con la cultura debe centrarse en la generación de mecanismos que promuevan la libertad de creación artística y cultural y en la protección de las diversas formas de expresión y comunicación. reconocer el carácter dinámico de los procesos culturales, es decir, el equilibrio entre la tradición y la modernidad. En su fomento, se requiere del financiamiento estatal, de la iniciativa privada y de las organizaciones sociales.

La innovación científica y tecnológica depende de la participación conjunta de instituciones públicas y privadas, y debe vincularse con el desarrollo nacional. La inversión en investigación y en la formación de investigadores debe ser una prioridad. Proponemos una reforma al marco jurídico que fomente y proteja la investigación de nuevas tecnologías e incorporar incentivos fiscales para que particulares destinen recursos a la investigación.

La libertad de expresión y el derecho a la información deben ser tutelados y regulados bajo los principios de interés público, de apertura, de salvaguarda a la vida privada y de respeto al derecho de réplica. La ley debe reformarse para que el régimen de concesiones sea transparente, para fijar criterios en el uso de los tiempos oficiales del Estado y para fortalecer un órgano autónomo que vigile y defienda estos preceptos en todo el País.

La televisión, el radio, la prensa escrita y el internet se han convertido en espacios de socialización y transformación cultural. El Estado debe promover los principios de la ética y la responsabilidad en los medios y, junto con instituciones académicas y empresas, estimular la producción de programas formativos que complementen el conocimiento y la educación.

Es en los Municipios y las localidades que conforman a el Estado donde se encuentran la garantía de desarrollo. Queremos contribuir a la construcción de una comunidad de destino, en donde el ciudadano sea protagonista de la vida política, social y económica.

La edificación de un orden social justo exige un gobierno estatal que respete las libertades y garanticen la satisfacción de los derechos sociales a través de una decidida acción solidaria que fortalezca las comunidades. El respeto a la ley, la democracia y la consolidación del Estado y de sus instituciones deben ser premisas para un Desarrollo Incluyente.

El Estado de Derecho es condición insustituible para el Desarrollo Humano Sustentable. Requiere que autoridades y particulares se conduzcan con apego a las normas jurídicas que tutelan los derechos inherentes de las personas las que, a su vez, emanan de los órganos dotados de competencia formal o material. En él, el respeto de los derechos humanos y la delimitación de los ámbitos estatal, público y privado con un profundo sentido de responsabilidad social son esenciales.

El juicio de amparo es el mecanismo más eficaz que los ciudadanos poseen para defender sus derechos frente al abuso de la autoridad. Debe ser salvaguardado y hacerlo accesible a todas las personas y sus efectos deben ser generales cuando se trate contra leyes.

Defendemos un Estado de Derecho donde la separación de las funciones de los Poderes y los órganos autónomos sea auténtica y eficaz pero que a la vez logre

una colaboración efectiva, y con ello lograr una cooperación solidaria para la construcción del desarrollo social.

La vigencia plena del Estado de Derecho ocupa una posición de preeminencia sobre la reforma del Estado. Cumplir y hacer cumplir la ley vigente es anterior a su modificación.

FXMP reconoce y se compromete con la laicidad del Estado, es decir, con la plena autonomía entre los ámbitos que corresponden al Estado y a las iglesias. Las creencias de las personas son parte de la cultura nacional por lo que el derecho a la libertad religiosa debe ser respetado.

La justicia debe ser expedita, pronta, eficiente, eficaz y resolutoria y con ello contribuir al fortalecimiento de una vida social armónica y evitar la impunidad que genera inseguridad, desconfianza y malestar. Un sistema de justicia eficaz exige una reforma que actualice el marco jurídico, mejore los procesos judiciales incluidos los juicios orales. El sistema judicial debe de garantizar en todo el País una justicia ciudadana pronta y expedita, la transparencia en las resoluciones y la rendición de cuentas.

La carrera judicial debe ser profesional y eficiente. La organización judicial debe fortalecerse a través de procesos claros de selección de jueces y para su especialización, adscripción, estabilidad y remuneración adecuada.

La autonomía de los órganos de procuración de justicia en México debe fortalecerse, así como el sistema de procuración oral acusatorio en donde se siga reconociendo la presunción de inocencia, pero asegurar la creación de un sistema que profesionalice la defensa penal, agentes ministeriales honestos, profesionales y bien remunerados que persigan los delitos y combatan la impunidad.

Creemos en un sistema democrático de partidos fuertes y representativos de las diferentes expresiones sociales, que promueva la participación ciudadana y

fortalezca la representación política. Para construir una democracia eficaz al servicio de las personas, el Estado mexicano requiere nuevos diseños institucionales que vigoricen los procesos de colaboración entre los diferentes órganos del Poder estatal y entre los diferentes órdenes de gobierno, y sobre todo de nuevas formas de organización políticas.

Las elecciones si bien son sancionadas por instituciones electorales independientes, impulsamos mecanismos que fomenten el debate y las propuestas, medidas para disminuir los costos de los procesos electorales y el financiamiento público a los partidos.

FXMP promueve un sistema de control ciudadano sobre los legisladores en donde, a través del voto y con la posibilidad de reelección inmediata, los electores puedan evaluar el desempeño de sus representantes. El referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular son mecanismos de participación ciudadana que están incorporadas en la Constitución Federal y en el Estado; estos deben de ser utilizados con responsabilidad y en apego estricto a la ley.

El Poder Legislativo local y el de los Municipios deben asumir su misión de espacio público para fiscalizar las acciones de gobierno y generar leyes acordes con las necesidades que impone el desarrollo humano. Su fortalecimiento exige la consolidación de las comisiones como espacio plural de análisis y debate.

Debemos reforzar la figura del trámite legislativo preferente en temas de emergencia e interés tanto en las localidades como en los municipios, otorgando a los promotores de una iniciativa la certeza en el resultado final de sus proyectos.

Es fundamental la confianza de la sociedad en su gobierno. Creemos en un gobierno ético, que prevenga, evite y combata los actos de corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares de una cultura de la honestidad que exige mecanismos de participación ciudadana en la planeación, el seguimiento, el control, la evaluación y la retroalimentación de las decisiones públicas.

El acceso a la información pública gubernamental en poder del gobierno estatal deben ser una garantía para los ciudadanos, incluyendo también la del poder Legislativo y Judicial y, en general, a todo aquél que reciba y ejerza recursos públicos. La transparencia requiere de leyes e instituciones públicas que le aseguren al ciudadano que la información de los gobiernos en todos sus órdenes es un bien público y un derecho.

La corrupción debe atacarse preventivamente a través de la educación y la responsabilidad ciudadana; los castigos a funcionarios corruptos deben ser ejemplares y los mecanismos que permitan a la sociedad denunciar prácticas deshonestas deben consolidarse. Los códigos de ética y regulaciones que eviten los conflictos de interés entre el desempeño de la función pública y de las actividades particulares, deben ser promovidos y ejecutados en todo el Estado y desde luego en la federación.

El trabajo de los servidores públicos debe ser revalorado. Promovemos reformas que aumenten su eficiencia y su profesionalización y dignifiquen sus condiciones de trabajo. Pugnamos por el establecimiento y consolidación de servicios civiles de carrera que, en todos los órdenes de gobierno, impulsen la capacitación integral y señalen criterios de selección, de promoción y de ascensos. Los servidores públicos tienen derecho a una remuneración justa, acorde con su responsabilidad y con la realidad económica de su comunidad.

El ciudadano debe recibir servicios públicos eficientes. La mejora en la reglamentación, la innovación, la calidad total de los servicios públicos, la capacidad gerencial y el uso de tecnologías de la información deben ser fórmulas que incrementen la eficacia del gobierno, así como la transparencia en sus compras y contratos de obra y la efectividad de las políticas públicas.

La estabilidad económica es condición necesaria para alcanzar un crecimiento económico dinámico y sostenido. La ausencia de estabilidad se refleja en la presencia de procesos inflacionarios que erosionan los salarios reales, incrementan la pobreza, empeoran la distribución del ingreso, inhiben los mercados financieros y limitan el crecimiento.

Los requerimientos excesivos de financiamiento reducen el potencial de inversión de la sociedad civil y niveles desmedidos de deuda se oponen a la construcción de una economía dinámica y restan capacidad para promover la justicia social y el crecimiento.

Proponemos la desregulación y simplificación administrativa del marco fiscal, así como un marco tributario sencillo y eficiente para la recaudación, caracterizado por bases gravables más amplias y tasas más bajas, que a su vez permita a los

gobiernos incrementar la inversión en infraestructura, educación, salud y superación de la pobreza.

Impulsamos una estrategia fiscal moderna e integral que incentive una cultura del cumplimiento, que impulse el desarrollo económico, que estimule el ahorro, la inversión y la innovación que amplíe la base de contribuyentes y orientada de manera preferente a la recaudación vía impuestos al consumo.

Toda política fiscal debe garantizar que los beneficios derivados de una mayor recaudación se reflejen clara e indubitablemente en los hogares de menores ingresos, cancelando todo efecto regresivo de una nueva estructura impositiva en el País.

Proponemos la adopción de criterios de responsabilidad fiscal en la evaluación de toda iniciativa, de reglas para la reconducción presupuestaria, de estabilizadores automáticos del gasto dependiendo del ciclo económico y los presupuestos multianuales que posibiliten la inversión pública de largo plazo.

A través de la libertad, la responsabilidad, la justicia, la solidaridad, la seguridad y el respeto al medio ambiente, el desarrollo económico asegura a las personas oportunidades para mejores condiciones de vida. El libre mercado es necesario, pero, por sí mismo, insuficiente para garantizar el crecimiento con equidad. El gobierno federal, estatal y municipal tienen un papel central enel desarrollo y, a través, de sus acciones subsidiarias que deben corregir las desigualdades económicas y las limitaciones del mercado.

El estado requiere una economía para competir menos vulnerable frente a los ciclos económicos internacionales y capaz de crear permanentemente empleos. Una economía fuerte, exige impulsar que los sectores productivos se enfoquen en proyectos que generen mayor valor agregado a través de la innovación y el uso de nuevas tecnologías.

El conflicto entre crecimiento y equidad es evitable. Abogamos por un enfoque integrado de las políticas económicas y sociales que potencien sus áreas de complementariedad, incorporando en la política económica los objetivos de equidad y crecimiento y en la social los de justicia, eficiencia y de visión de largo plazo.

El crecimiento económico debe sentarse sobre criterios sustentables para preservar un ambiente sano. El derecho a desarrollar actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes no debe comprometer el de las generaciones futuras. Ante el daño ambiental es obligación prioritaria recomponerlo o compensarlo, según lo establezcan la ciencia y la ley. Una política de crecimiento sustentable logrará que los costos sociales y ambientales de los bienes y servicios se vean reflejados en términos económicos con el fin de promover patrones de producción y consumos sanos.

El gobierno estatal y el de los municipios deben establecer condiciones que garanticen un ambiente macroeconómico de certidumbre y estabilidad y un contexto micro dinámico y flexible. Una política fiscal y monetaria responsables y consistentes y un sistema jurídico que asegure la seguridad y el funcionamiento de los mercados, son objetivos permanentes de una sana política económica.

Requerimos una política de desarrollo empresarial e industrial que, dentro de la formalidad productiva, nos inserte exitosamente en la globalización, compitiendo con los productos y servicios que potencien nuestras ventajas a través del fortalecimiento del mercado interno, la creación de cadenas productivas y de una reforma al sistema financiero que facilite el crédito y la inversión en nuestro Estado.

Apoyamos la instrumentación de políticas que procuren un ambiente dinámico de negocios, caracterizado por una competencia transparente en los mercados, capaz de alentar la mejora continua, la innovación y la capacitación, el crecimiento de la productividad y la reducción de costos.

La miseria atenta contra la dignidad humana y denigra la vida pública. Debe ser combatida con una política económica adecuada y con políticas sociales transversales e integrales con perspectiva de familia, que amplíen las capacidades de las personas y les asegure igualdad de oportunidades, la generación de un patrimonio digno y una protección social adecuada.

Impulsamos la expansión de la ciudadanía económica a través de la democratización de las oportunidades de acceso al crédito, a la tecnología, a la capacitación y al conocimiento. Nos pronunciamos por el fortalecimiento de los sistemas de financiamiento popular. La pobreza es un problema integral de desarrollo y para solucionarla no sólo deben emplearse instrumentos identificados como programas sociales, sino también impulsarse políticas que hagan más productivas a las personas y éstas puedan contribuir al desarrollo de nuestro Estado.

Fuerza por México Puebla promueve reformas para hacer accesible a toda la población del estado, del campo y de los municipios, la protección social. Su importancia equivale al de estabilidad en el plano económico que procura evitar riesgos de fluctuaciones económicas que acarrean pérdidas de capital, de ingresos o de patrimonio; la protección social contribuye a evitar, de manera eficiente, que los avances obtenidos por una persona o familia se disipen total o parcialmente por la pérdida del empleo, accidentes, enfermedades, incapacidad laboral temporal o permanente, muerte de algún perceptor de ingresos en el hogar o desastres naturales.

La protección social debe asegurar tres aspectos para evitar la pobreza: seguro de salud, vivienda digna y un sistema eficaz de pensiones. Las instituciones de seguridad social son organismos insustituibles, por lo que es urgente asegurar su viabilidad financiera, su eficiencia y en especial su cobertura en zonas urbanas y rurales. Proponemos la construcción de un sistema de pensiones de carácter nacional y la universalidad de oportunidades para su acceso.

Compromiso con el Desarrollo Agropecuario y Pesquero

En la parte rural del Puebla actual, está el primero y más hondo de nuestros problemas humanos, económicos y sociales. Todo impulso al campo debe procurar el aumento de la productividad y rentabilidad, consolidando la empresa agropecuaria, ampliando la capacidad de los propietarios y poseedores de la tierra para trabajarla con libertad, para transferir voluntariamente sus derechos o para permitir su libre asociación. La seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es indispensable para alentar la inversión y posibilitar los créditos.

El establecimiento de cadenas productivas debe ser alentado pues facilita a los productores primarios participar del proceso del valor agregado, comercializar sus productos y obtener ganancias justas. Permite, también, la competitividad y demanda un sistema financiero acorde a las necesidades de los sectores agropecuarios; supone la inversión en infraestructura a costos razonables para el abasto de luz y agua y para el transporte de productos, y reclama el uso de nuevas tecnologías que promuevan la eficiencia productiva y la disminución de los costos.

En el campo, se debe buscar el empleo de tecnologías que mejoren su

productividad. El Estado requiere de un sector agropecuario y forestal que identifique sus ventajas comparativas y su vocación y sea capaz de aprovecharlas para competir en los mercados locales.

La responsabilidad social de los propietarios y trabajadores de la tierra implica el respeto y cuidado al medio ambiente y la exigencia de dotar a las generaciones presentes y futuras de un sustento alimentario suficiente. La viabilidad agropecuaria demanda frenar el deterioro, la contaminación, la depredación y la sobreexplotación del patrimonio natural de nuestro Estado.

Promovemos un nuevo modelo energético, fundado en el interés de la sociedad y en el respeto al Desarrollo Humano incluyente y solidario. La autosuficiencia de insumos energéticos y su garantía de abasto en todo el País, a precios competitivos debe ser una obligación para salvaguardar nuestro porvenir.

Fuerza por México Puebla encausará sus esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos trazados en el presente Programa de Acción.